POR: KLEINER LOPEZ
Santo Domingo. Aunque tenga un perfil
moderado y no ande pregonando sus
victorias con corneta en mano, lIeva buen
ritmo la labor que desarrolla el Programa
de Apoyo a la Reforma y Modernización
del Estado (PARME) para lograr que la Ley
de Acceso a la Información Pública tenga
una aplicación real y efectiva en el país. Son 13 las instituciones del Estado que ya
cuentan con oficinas exclusivamente
concebidas para proporcionar al ciudadano
informaciones sobre la administración
pública; mientras se culmina el proyecto de
ley que definira el órgano regulador y
garante de la legislación.
Milagros Moore, coordinadora del
Componente de Administración Pública del
PARME, explicó que si bien es cierto que
la Ley de Acceso a la Información constituye un "instrumento vital" para
asegurar la transparencia del Estado, no lo es menos que su aplicación ha
sido bastante "tímida" debido a la falta de un órgano que impulse un
cambio en la arraigada cultura del silencio de las instituciones
dominicanas.
Definido por ahora sólo en papeles, el órgano regulador en cierres
también deberá marcar las distancias entre los términos seguridad
nacional y transparencia, propiciar que las personas se sientan confiadas a
solicitar informaciones y exigir que se haga un registro adecuado y
ordenado de las informaciones en los archivos del gobiemo.
"Se esta trabajando mucho en la capacitación y se trajeron expertos
internacionales porque aquí no habían los instrumentos ni las habilidades
para manejar el tema. Era necesario hacerle entender alas instituciones
que existía esa Ley y que tenemos que cambiar esa cultura", explicó.
Moore informó que además de la ley que será enviada al Congreso
Nacfonal en los próximos meses, dentro de poco se establecera una unidad especializada en la Comisión Nacional para la Reforma del Estado
(CONARE) a fin de que empiece a monitorear la puesta en marcha de la
legislación, Tanto su personal como sus equipos serian cubiertos con
fondos del PARME,
Entre las instituciones que cuentan con oficinas de acceso a la información
pública estan: la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte
de Justicia y las secretarías de Trabajo, Educación, Salud Pública, Interior
y Policía, Obras Públicas,
Los recursos
EI objetivo del PARME es contribuir al fortalecimiento institucional del
sistema judicial y la administración pública, EI programa es financiado por
37,650,000 euros, de los cuales, 30,750,000 (82%) corresponden a
Fondos Europeos de Desarrollo y 6,900,000 (18%) son aportados por el
Gobierno.
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