Por: María Isabel Soldevila

SANTO DOMINGO. Los problemas fundamentales de la administración pública, harto conocidos, tienen solución y algunas instituciones como la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), realizan proyectos para disminuir las retrancas causadas por el clientelismo y la escasa preparación académica de los servidores públicos.

La ONAP, junto al Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo, concluyó una serie de diagnósticos con los cuales aspiran a mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía.

El director de INAP, Roberto Obando Prestol, dijo a DL que en los últimos 25 meses, unos 15 mil empleados del Estado, de los 325,000 que la ONAP estima están activos, han sido capacitados en áreas que contribuirán a hacer más eficiente su labor.

P: Las cifras internacionales que evalúan el rendimiento de nuestra gestión pública no son muy esperanzadoras. ¿Qué se está haciendo para cambiar esto?

R: Lo primero que hay que tomar en cuenta es que no hay varitas mágicas. Los problemas de gestión pública en el país no han sido causadas en esta gestión. No los causó tampoco Hipólito Mejía. Es una cultura que se ha ido enraizando. Entonces, las soluciones no debe ser de un gobierno, sino nacionales, en las que intervenga el gobierno de turno, pero además por los demás partidos.

Necesitamos un proyecto de nación que resuelva el tema de la administración pública.

P: Pero las reformas son urgentes...

R: Sí, y por varias razones. La reforma del servicio público va directamente ligada a la lucha anticorrución. Pero nunca habrá reforma del sector público si la corrupción sigue siendo vista como algo tolerable. Además, reformar la administración pública no da dividendos políticos a corto plazo. Y eso es gravísimo.

P: En estas condiciones, ¿se está haciendo algo?

R: Desde el INAP hemos masificado la capacitación de servidores públicos y llevamos unos 15 mil en lo que va de gestión, aún una cifra pequeña. Pero la proyección es de a final de estos cuatro años de gestión, haber capacitado a 150 mil. Con una inversión de apenas US$9 mil, con el apoyo del BID, realizamos la primera encuesta científica de detección de necesidades de capacitación en el sector público. Ahora sabemos qué necesita cada cargo en términos de capacitación.

P: ¿Cuánto ha costado capacitar a esos 15 mil?

R: La INAP tiene un presupuesto muy bajo, van RD$5 millones invertidos y al finalizar el año serán unos ocho.

P: ¿Qué abarca esta capacitación?

R: Desde temas generales como atención al cliente, gestión pública, introducción a la informática hasta otros más vanguardistas, como el tema de la ley de libre acceso a la información pública. Hemos capacitado a cientos de servidores públicos, especialmente a los responsables de acceso a la información. Y a miles les hemos dado el curso de ética en la gestión pública.

P: ¿Y cómo se garantiza que esos conocimientos se apliquen?

R: Tenemos que evaluar el impacto de la capacitación y a medir el retorno de la inversión en capacitación. Ya tenemos los instrumentos que nos permitirán medir esos parámetros, pero nos faltan fondos para llevar todo a cabo.

P: ¿Hay resistencia al cambio?

R: Muchos funcionarios públicos no están comprometidos con una política de formación de sus empleados; muchos otros sí lo están y hay casos que mandan empleados todos los días a capacitar.

P: ¿Quién garantiza luego que al cambiar la administración no serán despedidos?

R: Estamos proponiendo una modificación del marco legal que establezca que toda persona egresada del INAP pasa a la carrera de funcionario público, meritocrático y que esa persona no puede ser sustituida por ninguna razón.