Antecedentes de Pro-Reforma

Durante los años 90 el crecimiento económico en nuestro país medido en términos cuantitativos fue notable. Durante el primer quinquenio de la década, el PIB anual tuvo un crecimiento medio del 4,2% y durante el segundo uno de 7,7%. Esta evolución estuvo acompañada de un período de inflación anual de un dígito (de 7,9% y 6,9% en términos medios en cada período señalado). La década fue de equilibrada gestión macroeconómica y de mayor apertura de la economía, apoyada por una gestión fiscal prudente que reflejó un déficit anual del sector público consolidado del 1,2% y del 2,2% en términos medios durante la primera y la segunda mitad de los ‘90s.

Sin embargo, ese crecimiento no se tradujo en suficiente desarrollo, medido por la generación de nuevas ocupaciones e ingresos para amplios sectores de población. Nueve años de crecimiento sostenido sólo lograron restaurar los índices de distribución de ingresos que ya existían en los ‘80 y que se habían deteriorado durante la crisis de 1990.

Este notable crecimiento tampoco fue acompañado de un ritmo similar en el avance de las reformas institucionales y de políticas necesarias para mejorar su calidad distributiva y apuntalar su sustentabilidad, proteger la estabilidad macroeconómica de las fragilidades que la amenazaban; y completar la consolidación del Estado de derecho.

Los sucesos de septiembre del 2001 afectaron profundamente al sector turístico y extensivamente a la demanda de bienes transables por la retracción posterior de la economía norteamericana. A finales del primer cuatrimestre del 2003 se produjo además una crisis financiera de gran magnitud que ha demandado un financiamiento cuasi-fiscal de aproximadamente 12% del PIB. Estos sucesos afectaron profundamente la estabilidad macroeconómica, mostrando su fragilidad y la debilidad institucional que la rodea, y condujo a que el Gobierno de la República Dominicana acordara un Programa de Estabilización Macroeconómica con el Fondo Monetario Internacional que tiene como pilares fundamentales un fortalecimiento del sistema financiero y de sus mecanismos de supervisión prudencial, la unificación del régimen cambiario y una reforma fiscal que propicie su sostenibilidad.

El desafío fundamental de la pobreza como problema no resuelto por el crecimiento se mantiene aún a pesar del énfasis en acrecentar el gasto social; lo que sugiere que las causas de fondo desbordan el ámbito de la política social per se y apunta a limitaciones estructurales más profundas que en la práctica han neutralizado la efectividad de dicha política. No se niega la necesidad de fortalecerla, pero se hace hincapié en que graves distorsiones y restricciones en el entorno institucional del país socavan transversalmente las políticas sectoriales y limitan la efectividad y sostenibilidad de las acciones en general de desarrollo acometidas por los Gobiernos.

La preocupación gubernamental por superar estas restricciones, avanzar en las reformas institucionales, implementar nuevos sistemas y tornar sustentables los equilibrios macroeconómicos, llevaron, entre otras medidas, a que el Gobierno de la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo suscribieran el Convenio de Préstamo No. 1176/OC-DR con el propósito de financiar parcialmente el “Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo ” (PRO REFORMA).

El Programa se enmarca dentro de la estrategia del BID en el país, orientada a apoyar los esfuerzos de la República Dominicana en mantener el equilibrio económico, promover la equidad y combatir la pobreza, y mejorar la eficiencia del gasto mediante acciones que busquen, entre otros objetivos, la mejora de la focalización del gasto social, la modernización del Estado y el estímulo de la economía privada.

Los objetivos específicos del Programa son:

• desarrollar los mecanismos de coordinación de alto nivel de la política macroeconómica y social y sus órganos de apoyo técnico;

• desarrollar una capacidad crítica en el Poder Ejecutivo para conducir el proceso de transformación y modernización institucional y para apoyar el diseño e implantación del plan que se cita en el inciso siguiente

• desarrollar un plan moderno e integrado para la reestructuración, racionalización, organización, funcionamiento, régimen interno, profesionalización y automatización de la Administración del Estado. La consecución de los objetivos anteriores se obtendrá mediante el desarrollo de una capacidad institucional para formular, coordinar, ejecutar y evaluar políticas y Programas económicos y sectoriales de una manera transparente, eficiente y eficaz.